El Ayuntamiento de Valencia pagará 12.000 euros a una familia por el ruido del aire acondicionado

Un juzgado de lo contencioso ha fallado en contra del Ayuntamiento y a favor de una familia que denunció el ruido que producen los aparatos de aire acondicionado instalados en la terraza comunitaria de la finca donde viven. La sentencia supone el pago 12.000 euros a las dos personas afectadas, así como la obligación de pedir a la constructora medidas correctoras que eviten más molestias.

La denuncia contra el Ayuntamiento surgió al comprobar la familia, con vivienda en la calle Profesor Ángel Lacalle, en Patraix, que los aparatos hacían un ruido muy molesto y que su ubicación no aparecía ni en el proyecto de construcción ni en las escrituras de compraventa. El fallo matiza que es legal colocar aparatos en las terrazas, aunque se necesita de una licencia municipal.

Las mediciones realizadas por el Ayuntamiento tras el primer recurso no superaban el límite legal de la ordenanza contra el ruido, aunque sí lo hicieron por la noche, cuando entró en acción el perito contratado por la familia.

La normativa fija un tope de 40 decibelios por la noche y las lecturas dieron hasta 49,2 decibelios con la ventana abierta. En esa parte del proceso, la respuesta municipal fue que la familia debía dirigirse a la comunidad de propietarios, al alegar una incompetencia de jurisdicción. Por el contrario, la sentencia recoge que existe una obligación por parte de la Administración de verificar si una construcción, como el caso de dicha finca, cumple con la legalidad y la licencia otorgada en su día.

En el permiso de obras se hablaba de que la terraza iba a servir sólo para tender ropa, nada de colocar aparatos de aire acondicionado. Dentro de las medidas correctoras, la empresa constructora puede resolverlo sin cambiar de lugar los aparatos, aunque existe también esa posibilidad si las mediciones siguen tan altas.

El abogado de la familia afectada, Joaquín Morey, confirmó que han pedido la suspensión temporal de todos los aparatos hasta que se resuelva el exceso de ruido. Acerca del pago de 6.000 euros por persona, esta indemnización está ahora recurrida y a la espera de un nuevo fallo en los tribunales.

El Ayuntamiento alegó que sí había pedido a la empresa que redujera el ruido de los aparatos, aunque después de conceder la cédula de habitabilidad, lo que incumple uno de los artículos de la Ley del Ruido.

Según el abogado de la familia, tampoco se han respetado las distancias mínimas entre los aparatos ni los requisitos para su anclaje, en el techo que recae justo sobre el dormitorio de la familia que ha ganado el juicio.

Fuente: Paco Moreno - www.lasprovincias.es