Madrid obliga a eliminar las calderas de carbón antes de 2022

A partir del 1 de enero de 2022, las calderas de carbón estarán prohibidas por normativa en Madrid a través de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad.

Madrid obliga a eliminar las calderas de carbón antes de 2022

El Plan de ayudas anunciado por el ayuntamiento de Madrid para la sustitución de salas de calderas en comunidades de propietarios por otros equipos más eficientes y menos contaminantes son, según la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGREMIA), la mejor opción para acabar durante 2021 con todas las calderas de carbón de la ciudad de Madrid.  

En este sentido, y de acuerdo con el proyecto de esta Ordenanza, el incumplimiento de la prohibición del uso de determinados combustibles, potencialmente contaminadores en la atmósfera, puede acarrear una sanción de hasta 20.000 euros para el titular de la instalación, en este caso la comunidad de propietarios, explican desde AGREMIA.

La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGREMIA) fue designada por el Ayuntamiento de Madrid para gestionar las ayudas destinadas a la sustitución de salas de calderas contaminantes por otras más eficientes durante 2020

Para este año, el Ayuntamiento abrirá una segunda convocatoria del Plan Cambia 360, para el que reserva 2 millones de euros para eliminar las 150 calderas de carbón que todavía existen en Madrid (Plan Carbón Cero) y 8,5 millones para sustituir las 4.500 calderas de gasóleo. A estas ayudas se suman 1,5 millones de euros para sistemas de climatización eficientes y sostenibles en pymes y 1,3 millones para sistemas de calefacción y agua caliente sin emisiones.

Durante 2020, AGREMIA fue la entidad designada por el Ayuntamiento por  procedimiento de concurrencia, publicado mediante Decreto del Delegado de Área de Medio Ambiente y Movilidad, para gestionar estas ayudas, contribuyendo a la eliminación de una veintena de salas de calderas de carbón en la capital pese a situación de pandemia por la COVID-19 y a la suspensión de las juntas de propietarios en las comunidades.